Durante la tramitación del ingreso mínimo vital o incluso cuando ya se está percibiendo, se puede dar la circunstancia, por diversos motivos, de que cambiemos de domicilio, y es entonces cuando surge la duda de si ello afectará al derecho al cobro de la prestación.

Antes de nada, revisemos qué requisitos establece la normativa vigente del IMV en cuanto a domicilio y residencia:

1.Tener residencia legal y efectiva en España y haberla tenido de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año inmediatamente anterior a la fecha de presentación de la solicitud. No se exigirá este plazo respecto de:

  • Los menores incorporados a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
  • Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual
  • Las mujeres víctimas de violencia de género.

A efectos del mantenimiento del derecho a esta prestación, se entenderá que una persona tiene su residencia habitual en España aun cuando haya tenido estancias en el extranjero, siempre que estas no superen los noventa días naturales a lo largo de cada año natural o cuando la ausencia del territorio español esté motivada por causas de enfermedad debidamente justificadas.

2.Las personas beneficiarias mayores de 30 años deberán acreditar haber vivido de forma independiente en España, durante al menos los tres años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud, y en el caso de los mayores de 30 años, durante al menos un año.

Los requisitos previstos en los párrafos anteriores no se exigirán a las personas que por ser víctimas de violencia de género hayan abandonado su domicilio habitual, a las que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio o a las que se encuentren en otras circunstancias que puedan determinarse reglamentariamente.

Consideraciones sobre el domicilio

Si en virtud de un contrato queda acreditado el uso individualizado, por una persona sola o por una unidad de convivencia, de una habitación en un establecimiento hotelero o similar, será considerado domicilio a los efectos previstos en esta norma.

Cuando, mediante título jurídico se acredite el uso exclusivo de una determinada zona del domicilio por una persona sola o por una unidad de convivencia, dicha zona de uso exclusivo será considerada domicilio a los efectos previstos.

Las personas que figuren empadronadas en establecimientos colectivos como albergues o casas de acogida, se considerarán éstos como su domicilio a los efectos previstos.

Las personas que carezcan de techo y residan habitualmente en un municipio podrán estar empadronadas en un domicilio ficticio.

En los dos últimos casos, dicha situación deberá estar acreditada por los servicios sociales del municipio o por la sede o centro de la entidad en los que las personas interesadas figuren empadronadas.

¿Debo comunicar el cambio de domicilio?

Si has solicitado el ingreso mínimo vital o ya estás percibiendo la prestación, tienes la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio o de situación en el Padrón municipal que afecte personalmente a dichos titulares o a cualquier otro miembro que forme parte de la unidad de convivencia, en el plazo de treinta días naturales desde que se produzcan.

En el supuesto de personas empadronadas en un domicilio ficticio, el Ayuntamiento en cuyo municipio se encuentren empadronados están obligados a comunicar al INSS la modificación o, en su caso, la baja en el Padrón, dentro del plazo de los treinta días siguientes a que se produzcan los hechos.

¿Qué ocurre si cambio de domicilio?

En cualquier caso, el cambio de domicilio no supone ningún inconveniente a la hora de mantener el derecho como beneficiario del ingreso mínimo vital, siempre que dicho cambio se produzca dentro del territorio español. . La cuestión que afecta realmente a efectos del cobro de la prestación, es la que se refiere a la unidad de convivencia

Se entiende como unidad de convivencia la formada por todas las personas que residan en un mismo domicilio y que estén unidas entre sí por vínculo matrimonial, como pareja de hecho o por vínculo hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad, adopción, y otras personas con las que convivan en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. En el caso de que el perceptor de la prestación sea una única persona, se considerará como beneficiario único.

No se considera que se rompa la unidad de convivencia si se dan las siguientes circunstancias:

  • El fallecimiento de alguna de las personas que constituyen la unidad de convivencia, aunque dicho fallecimiento suponga la pérdida de los vínculos previstos
  • La separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación u otras causas similares.

A continuación te explicamos qué ocurre en cada uno de los casos:

  1. Si se mantiene la unidad de convivencia: Si la unidad de convivencia en el nuevo domicilio es la misma que la constituida con anterioridad al traslado, el cobro de la prestación no sufrirá ningún cambio. 
  2. Si la unidad de convivencia cambia: El importe de la prestación se adaptaría a la nueva unidad de convivencia, incrementándose o reduciéndose, según corresponda. Para ello, se tendrían en cuenta los ingresos y patrimonio computables de los nuevos miembros de la unidad de convivencia. Además cabe la posibilidad, que debido a ello, el INSS decidiera suspender o cesar la prestación.

Casos especiales

Tendrán la consideración de personas beneficiarias que no se integran en una unidad de convivencia, o en su caso, de personas beneficiarias integradas en una unidad de convivencia independiente, aquellas personas que convivan en el mismo domicilio con otras con las que mantuvieran alguno de los vínculos previstos, y se encontraran en alguno de los siguientes supuestos:

  • Cuando una mujer, víctima de violencia de género, haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o de menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
  • Cuando con motivo del inicio de los trámites de separación, nulidad o divorcio, o de haberse instado la disolución de la pareja de hecho formalmente constituida, una persona haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada o no de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente. En el supuesto de parejas de hecho no formalizadas que hubieran cesado la convivencia, la persona que solicite la prestación deberá acreditar, en su caso, el inicio de los trámites para la atribución de la guarda y custodia de los menores.
  • Cuando se acredite haber abandonado el domicilio por desahucio, o por haber quedado el mismo inhabitable por causa de accidente o de fuerza mayor, así como otros supuestos que se establezcan reglamentariamente.

En los supuestos previstos en los párrafos b) y c) únicamente cabrá la consideración como unidad independiente a que se refiere el presente apartado durante los tres años siguientes a la fecha en que se hubieran producido los hechos indicados en cada una de ellas.