Con la finalidad de reducir la fiscalidad de los beneficiarios del ingreso mínimo vital se
declara su exención en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) en los mismos términos que las rentas mínimas de inserción de las comunidades autónomas.

También se incluyen las demás ayudas establecidas para atender a colectivos en riesgo de exclusión social, situaciones de emergencia social, necesidades habitacionales de personas sin recursos o necesidades de alimentación, escolarización y demás necesidades básicas de menores o personas con discapacidad.

De modo que el ingreso mínimo vital junto con dichas prestaciones y ayudas se consideran exentas hasta un importe máximo anual conjunto de 1,5 veces el IPREM. Es decir, hasta un límite de 9.681 euros en el caso del IMV, y 11.279 euros para el resto de las ayudas mencionadas.

Por lo tanto, cuando se presente la declaración de la renta sobre 2020, quienes hayan percibido el IMV y/o alguna de las ayudas arriba citadas, no tendrán que pagar impuestos siempre que no superen esos umbrales. Ese tope se aplicará a la suma de todas esas ayudas recibidas en un año, de forma conjunta. Así, si una persona recibe rentas autonómicas o ayudas locales además del IMV, deberá sumar todos esos ingresos. La cifra final estará exenta del pago del impuesto hasta esos 11.279,39.

Dicha exención tendrá efecto retroactivo desde el 29 de mayo, fecha de la entrada en vigor del real decreto-ley 20/2020 que estableció el ingreso mínimo vital. Para la Renta de 2021, habrá que recalcular con la subida del 5% del IPREM pactada por la coalición para el próximo año, lo que elevaría el tope a 10.168 euros en el caso del IMV. Además habrá que tener en cuenta la subida del 1,8% prevista para para 2021 en los presupuestos generales.

La disposición añade que también “estarán exentas las ayudas concedidas a las víctimas de delitos violentos a que se refiere la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, y las ayudas previstas en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y demás ayudas públicas satisfechas a víctimas de violencia de género por tal condición”.