Como ya avanzó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en la entrevista que concedió a La Sexta el pasado 14 de diciembre, se han venido planteando ciertos cambios en el ingreso mínimo vital, con los que fundamentalmente se pretende que esta ayuda llegue a más personas, ya que como ha admitido él mismo, “Estamos rechazando más de lo que probablemente pensábamos”.

Según ha explicado, una parte importante de las solicitudes rechazadas tiene que ver con que los solicitantes tienen una renta o un patrimonio neto excluyendo vivienda mayor de lo que se presuponía cuando se diseñó la prestación.

El objetivo inicial que se planteó fue llegar a 850.000 unidades de convivencia protegidas, cifra que a día de hoy, ocho meses después de la puesta en marcha de la prestación, está aún muy lejos de cumplirse. Por este motivo, en las próximas semanas se prevé aprobar ciertas reformas centradas en facilitar el acceso de esta ayuda a las personas en situación más vulnerable.

El cambio más inminente que prepara el departamento que dirige José Luis Escrivá es la concepción de los hogares receptores de la prestación, las unidades de convivencia. El departamento y el propio ministro admiten que hay circunstancias particulares para las que no está preparada la normativa. 

Por ello, se van a permitir nuevas fórmulas para certificar que un beneficiario, u hogar, cumple las condiciones de una unidad de convivencia.

Certificación

Estos hogares no quedarían “bien recogidos en el padrón o en otros mecanismos estándares de certificación”, indicó este martes el propio Escrivá. Él mismo ha explicado que acreditarlo a través del padrón ha generado problemas cuando hay casos de tres o cuatro familias que comparten la misma vivienda o de familias que viven en una caravana o en un centro de acogida.

Por ello, “para determinadas circunstancias vamos a necesitar la ayuda de los servicios sociales de los ayuntamientos o directamente de las organizaciones no gubernamentales (ONG), que ya colaboran con nosotros, para que certifiquen determinadas circunstancias singulares en las que conviven personas muy vulnerables y cuya certificación por otros medios no es posible”, ha señalado el ministro.

Evaluación continua 

Además, según Escrivá el ingreso mínimo “es una política en evaluación continua“, por ello también tiene sobre la mesa cambiar los umbrales económicos que permiten el acceso a la prestación. 

Cabe recordar que Seguridad Social ha establecido umbrales de renta y patrimonio neto para poder acceder a la prestación. Aunque no tiene todavía un diagnóstico definitivo, el departamento admite que puede haber hogares a los que se les ha negado el IMV por superar los susodichos umbrales “por poco”

Por ello, el departamento estudia mover o condicionar dichos umbrales, dependiendo del caso. Cabe recordar que el Ministerio ha denegado cerca de la mitad de las solicitudes del IMV realizadas. 

Estos cambios son fundamentales para acelerar el acceso a una prestación concebida para tiempos de vulnerabilidad económica como los actuales, pero sobre todo para la población en pobreza severa. 

Solicitudes

Según los datos más actualizados, que según la Seguridad Social datan de mediados de diciembre, se ha concedido el IMV a 160.000 unidades de convivencia. Esta cantidad, en aquel momento, suponía solo el 20% de las solicitudes de la prestación. 

Estas 160.000 unidades de convivencia suponen unas 460.000 personas beneficiadas, de las que el 47% son menores de edad.

Antes de Navidad quedaban miles de prestaciones por tramitar. Sin embargo, la retroactividad de la prestación se conservará siempre y cuando la solicitud se haya presentado antes del 1 de enero de 2021, y los requisitos estuvueran debidamente acreditados.

En ese caso, los hogares a los que les sea aprobado el IMV recibirán el importe que les corresponda con efecto retroactivo desde el 1 de junio de 2020. Incluso si la solicitud es aprobada en el transcurso del presente año.